En Huehuetán, México, miles de migrantes de la caravana llamada “Viacrucis migrante” exigieron al gobierno federal un diálogo para obtener documentos migratorios. El activista Irineo Mújica, de la organización Pueblos Sin Fronteras, convocó la caravana para regularizar la situación migratoria de los migrantes, muchos de los cuales esperan meses en el sur del país para obtener permisos para cruzar México y llegar a la frontera con Estados Unidos. La caravana comenzó con alrededor de 3.000 personas y ha aumentado en tamaño desde entonces. Si el gobierno no responde, los migrantes planean protestas, incluyendo bloqueos de carretera y huelgas. La última gran caravana se informó en junio de 2021 con unos 7.000 migrantes, y desde entonces solo pequeños grupos han intentado salir de Tapachula.

“Pedimos (al gobierno) que nos echen la mano, aunque sea para los niños, aunque sea agua y comida. Que nos den autobuses, que nos ayuden a seguir”, dijo el hondureño Raúl Gómez Rodríguez.

El pasado domingo, comenzó una caravana llamada el “Viacrucis migrante” en la frontera sur de México con el objetivo de pedir justicia por el mortal incendio ocurrido en una estación migratoria en Ciudad Juárez, presionar para que estas estaciones desaparezcan y exigir que los militares dejen de estar a cargo del INM. En el incendio, que se produjo después de que un pequeño grupo de migrantes prendiera fuego a un colchón para protestar por su detención en condiciones de hacinamiento y sin acceso adecuado a agua, fallecieron 40 personas por asfixia y casi una treintena resultaron heridas, todos hombres. El jefe de la agencia migratoria mexicana en el estado de Chihuahua, un contralmirante retirado, fue vinculado a proceso por ejercicio ilícito del servicio público, lesiones y homicidio por omisión de sus responsabilidades.

Por solicitud de la ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña Hernández, se ha pedido la presencia de la Guardia Nacional para salvaguardar las instalaciones del alto tribunal ante una serie de protestas que comenzaron el lunes y podrían durar hasta el viernes. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, confirmó que la ministra Piña Hernández solicitó apoyo del gobierno federal para resguardar la Corte durante las protestas. Esto ocurre en medio de la controversia sobre una sentencia relacionada con la Guardia Nacional y la decisión del presidente López Obrador de no hablar con la Corte al respecto. El secretario López aclaró que la relación entre el gobierno y la Corte se mantendrá de manera institucional y que la solicitud de la ministra Piña Hernández se está llevando a cabo de manera adecuada, presentándola ante la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez.

“Ha solicitado por la vía oficial, institucional, mediante un oficio a la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodriguez que se le proporcione apoyo con Guardia Nacional para salvaguardar las instalaciones y ya se acordó un tratamiento institucional a esa petición, entonces de esa manera seguirá siendo la relación con la Corte”, dijo López Hernández en la conferencia mañanera.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha señalado a la Suprema Corte en varias ocasiones, pero el viernes 21 de abril afirmó que los ministros buscaban un acuerdo para que la Guardia Nacional regrese a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El presidente rechazó cualquier tipo de negociación, afirmando que se trata de una cuestión de dignidad. Luego de estas declaraciones, se convocaron protestas en contra de la ministra presidente de la Corte, Norma Piña Hernández, y se difundieron carteles con su imagen y la frase “El rostro de la corrupción“. Las protestas se llevarán a cabo durante toda la semana.

El domingo 23 de abril se convocó a una marcha “en contra de los ministros traidores a la patria“, la cual se concentró en el Ángel de la Independencia. Sin embargo, no hay información disponible en las redes sociales sobre si la marcha se llevó a cabo o si se realizará de nuevo.