Por solicitud de la ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña Hernández, se ha pedido la presencia de la Guardia Nacional para salvaguardar las instalaciones del alto tribunal ante una serie de protestas que comenzaron el lunes y podrían durar hasta el viernes. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, confirmó que la ministra Piña Hernández solicitó apoyo del gobierno federal para resguardar la Corte durante las protestas. Esto ocurre en medio de la controversia sobre una sentencia relacionada con la Guardia Nacional y la decisión del presidente López Obrador de no hablar con la Corte al respecto. El secretario López aclaró que la relación entre el gobierno y la Corte se mantendrá de manera institucional y que la solicitud de la ministra Piña Hernández se está llevando a cabo de manera adecuada, presentándola ante la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez.

“Ha solicitado por la vía oficial, institucional, mediante un oficio a la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodriguez que se le proporcione apoyo con Guardia Nacional para salvaguardar las instalaciones y ya se acordó un tratamiento institucional a esa petición, entonces de esa manera seguirá siendo la relación con la Corte”, dijo López Hernández en la conferencia mañanera.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha señalado a la Suprema Corte en varias ocasiones, pero el viernes 21 de abril afirmó que los ministros buscaban un acuerdo para que la Guardia Nacional regrese a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El presidente rechazó cualquier tipo de negociación, afirmando que se trata de una cuestión de dignidad. Luego de estas declaraciones, se convocaron protestas en contra de la ministra presidente de la Corte, Norma Piña Hernández, y se difundieron carteles con su imagen y la frase “El rostro de la corrupción“. Las protestas se llevarán a cabo durante toda la semana.

El domingo 23 de abril se convocó a una marcha “en contra de los ministros traidores a la patria“, la cual se concentró en el Ángel de la Independencia. Sin embargo, no hay información disponible en las redes sociales sobre si la marcha se llevó a cabo o si se realizará de nuevo.

La diputada de Morena, Patricia Armendáriz, se encuentra en el centro de la controversia después de que se filtrara una grabación en la que se le escucha discutiendo con representantes lacandones. En el audio, la diputada dirige sus comentarios hacia un líder de la comunidad:

“Ya no van a seguir mamando del gobierno, o me presentan programas de desarrollo para ustedes o se van a la chingada”.
“Es mi dinero, güey”, “cállate”, “no tengo porque estarlos ayudando”.

Es decepcionante ver una postura así de un servidor público que en innumerables ocasiones se ha autoproclamado como alguien comprometido en ayudar a las comunidades marginales del estado de Chiapas. Es difícil entender cómo alguien que debería ser un modelo a seguir puede caer en una actitud tan cuestionable.

En un intento de lavar su imagen y quizás aclarar la situación, la diputada de Morena compartió un video en su cuenta de Twitter.

Debemos reflexionar sobre el papel que debe desempeñar un diputado federal en la sociedad, ya que su labor debería estar enfocada en legislar y proponer leyes que beneficien a la población. En lugar de gestionar directamente programas sociales, su responsabilidad principal es trabajar en beneficio del estado de Chiapas y sus ciudadanos.

Esperemos a escuchar la respuesta del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, respecto a este triste acontecimiento. Sin duda, es importante que se tomen medidas para asegurar que este tipo de situaciones no se vuelvan a repetir.